Cuatro democracias se encuentran en la plaza del pueblo

Desde la intervención de los antidisturbios de los Mossos en Barcelona, me han consultado tres políticos de dos ayuntamientos sobre lo que deberían hacer con respecto a los indignados que campan en las plazas de sus ciudades. Cuando les he preguntado la razón por la que me han llamado, me han contestado que porque soy un reconocido experto en participación. Bueno, comparto su percepción de ser un experto, pero creo que aún no soy especialmente reconocido. Aunque si el río suena, agua lleva. Dicen.

A los tres les he contestado lo mismo:

Aquí están en liza por lo menos cuatro principios democráticos, que a mi modo de ver tienen la misma legitimidad:

• La democracia representativa por la que los ciudadanos eligen una vez cada cuatro años a sus representantes políticos, en los que delegan una gran parte del poder de tomar decisiones entre elección y elección.
• La democracia directa, por las que los ciudadanos se reservan a sí mismos el derecho a decir lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Las leyes que regulan este derecho deberían buscar la forma de garantizarlo, no de interferir con el derecho a que el ciudadano se exprese.
• La democracia participativa, por la que los ciudadanos son invitados por la administración a participar dentro de los foros que la misma administración habilita, sean estos habituales (p.ej. los turnos de palabra al final de cada pleno de un ayuntamiento) o puntuales (p.ej. un proceso participativo para recoger las aportaciones de los ciudadanos sobre un tema concreto).
• La democracia asociativa por la que los ciudadanos se organizan según intereses grupales o ideológicos, (aquí se encuentran los partidos, asociaciones gremiales o de vecinos, ecologistas, …).

Desde mi punto de vista, una vez elegido, la lealtad de un político municipal no ha de ser a su partido ni a ningún grupo de interés en particular, sino al bienestar de los ciudadanos y a la calidad de la convivencia entre éstos.

Por lo tanto, un político municipal que reconozca la igual validez de los cuatro principios democráticos, debería dedicar todos sus esfuerzos a fomentar el diálogo entre todos los sectores de la población que tienen intereses divergentes o incluso opuestos. Para esto ha de poner los recursos del ayuntamiento al servicio del diálogo entre los indignados, los comerciantes, los vecinos de la plaza ocupada, etc. para que ellos mismos encuentren soluciones que satisfagan las necesidades de todos. Lo que no vale es que las instituciones, que deberían estar al servicio de los ciudadanos, se conviertan en parte con intereses propios y que ataquen, desde su monopolio de la violencia, al sector de la ciudadanía que elige hacer oír su voz por medio de la democracia directa. O peor aún, que se alíen con determinados sectores de la ciudadanía en contra de otros.

Es completamente absurdo que los ayuntamientos consideren que la única labor democrática que han de hacer entre elección y elección sea la de la democracia participativa, que se lleva a cabo por los canales establecidos y contempla únicamente el diálogo entre el ciudadano y la administración (en los sitios en los que funciona, que son pocos).

La calidad de la democracia directa, es decir del diálogo entre distintos grupos de interés, es una de las piedras angulares que confieren robustez a una democracia total en una sociedad, y no únicamente el diálogo entre los ciudadanos y sus representantes políticos.

En definitiva: menos palos de la administración a los ciudadanos que expresan sus opiniones en la calle, y más espíritu de servicio, apoyando a los ciudadanos de diferentes colores e intereses que quieran dialogar y buscar soluciones a los problemas comunes.

Sólo uno de los políticos que me han consultado se ha creído que esto sea posible. A los tres les he ofrecido mi colaboración, poniendo mi “reconocida experticia” al servicio de sus ayuntamientos. Ya iré contando si hay continuación.